Malaysia
Contexto: Malasia en el período previo a las elecciones generales

La Alianza Progresista está comprometida a seguir de cerca la situación en Malasia en la antesala de las elecciones generales de 2018.

Hay muchos obstáculos para elecciones libres y justas:

La Comisión Electoral (EC) es la entidad constitucional que tiene encomendada la gestión del sistema electoral en Malasia, tal y como lo establece el artículo 114 de la Constitución Federal que exige que la Comisión inspire confianza en la opinión pública.

No obstante, sus acciones en 2017 muestran que ha incumplido su deber de ser imparcial, y varias actividades y decisiones implementadas en ese mismo año de hecho han contribuido a un empeoramiento del sistema electoral.

Por eso no es una sorpresa que Malasia obtuviera un puntaje «muy bajo» estando en el número 144 de un total de 161 países según el Proyecto de Integridad Electoral que es un reconocido estudio académico independiente realizado en las Universidades de Harvard y Sydney sobre integridad electoral en todo el mundo.

Lo que vimos en 2017 es un empeoramiento planificado del sistema electoral malayo, utilizando antiguos y nuevos métodos. El fraude electoral y la manipulación ya están ocurriendo antes de la celebración de las elecciones y la Comisión Electoral es un actor clave en ello.

Existe una tendencia bien documentada de manipulación arbitraria de los distritos electorales en función de probables lealtades políticas y pertenencias étnicas con el fin de darle una ventaja al partido gobernante.

Son mayoritariamente circunscripciones no malayas y opositoras las que se vuelven cada vez más grandes mientras que las circunscripciones leales al gobierno se quedan convenientemente pequeñas. Según algunos informes existen propuestas para crear 13 «super-circunscripciones» con más de 100 000 votantes respectivamente en áreas principalmente opositoras.

En la circunscripción parlamentaria de Damansara encabezada por la oposición, la manipulación arbitraria alcanzó un nivel sin precedentes con la propuesta de crear una mega-circunscripción de más de 150 000 votantes. Un solo votante en Putrajaya que no tiene más de 18 000 votantes tendría ahora el mismo peso que ocho votantes en Damansara.

Lo que esto significa es que muchos malayos, especialmente seguidores de la oposición y minorías, son privados paulatinamente de sus derechos electorales ya que sus votos cuentan menos con cada nueva demarcación de distritos electorales.

No es sorprendente que en vista de esta distribución desigual de distritos electorales, Umno-BN pudo retener su mayoría de escaños en el parlamento aunque haya perdido el voto popular en las últimas elecciones.

Cabe plantear la pregunta si elecciones libres y justas realmente son posibles bajo un sistema electoral que evidentemente es tan parcial y manipulado.

Grupos de presión de derechos humanos y ONG internacionales, así como Human Rights Watch (HRW) constataron graves violaciones y un retroceso en materia de derechos humanos en Malasia en su Informe Global de 2018. Otro tema que causa preocupación son los casos de actuación brutal por parte de la policía que han resultado en heridas o incluso la muerte de personas en detención, mientras que la policía siguen gozando de impunidad sin que se les reclame responsabilidad por las acusaciones presentadas.

Continúan las violaciones del derecho a la libertad de reunión y asociación de los ciudadanos malayos debido al abuso flagrante del poder ejecutivo por parte del régimen gobernante. Se sigue arrestando a activistas, artistas, políticos, ciudadanos no afiliados a partidos y se aplican leyes draconianas para acusarlos y condenarlos mientras se les niega la condición jurídica a partidos políticos de la oposición a discreción del régimen gobernante.

Según economistas y el especialista en materia de desigualdad, Dr. Muhammed Abdul Khalid, la desigualdad entre los malayos sigue creciendo a pesar del crecimiento económico de Malasia que parece atractivo desde una perspectiva exterior. Debido a las políticas laborales y fiscales del régimen gobernante que benefician principalmente a los dueños del capital y no a los trabajadores normales y corrientes, la desigualdad con respecto al patrimonio y los salarios va en aumento. En cuanto a los costos y beneficios, la economía malaya funciona de tal manera que los beneficios son monopolizados por «unos pocos» ricos y poderosos de la sociedad mientras que los costos para mantener la economía son pagados por los «muchos» que trabajan bajo condiciones duras.

A pesar de protestas verbales por parte de legisladores y personas que critican públicamente esta «economía de dos velocidades», el régimen gobernante insiste en su políticas y se muestra reticente a cualquier corrección para apostar por un camino más inclusivo y equitativo para los malayos.

El índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia Internacional, que es reconocido a nivel global, constató un agravamiento dramático de los problemas de corrupción de Malasia, como lo señalan encuestas de hombres de negocio, analistas de riesgos y la opinión pública malaya. Malasia cayó siete puntos comparado con el año pasado y está ahora en el número 62 entre 180 países lo cual sitúa a este país en su peor posición de los últimos cinco años. Se considera que uno de los principales factores que contribuyeron a esta caída dramática en el ránking lo fue el escándalo financiero de dimensiones globales alrededor del Fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fondo soberano de inversión establecido por el actual primer ministro.

La historia del CPI anual de 23 años, es decir de 1995 a 2017, muestra que Malasia ha sufrido un estancamiento e incluso un retroceso en materia de integridad, los principios de responsabilidad y de la buena gobernanza en las dos últimas décadas, comparándolo con algunos países, como China e Indonesia, los cuales alcanzaron importantes mejoras con un avance estable. Esto muestra que las distintas iniciativas del régimen gobernante en la lucha contra la corrupción únicamente han agravado la corrupción debido a problemas estructurales y de integridad en la política de nepotismo del régimen gobernante.