Resolución
@ Progressive Alliance
Las fuerzas progresistas, socialdemócratas y socialistas de todo el mundo aliadas en la Alianza Progresista observan con gran preocupación el aumento de las amenazas para la democracia y el estado de derecho en Brasil. Con el pretexto de luchar contra la corrupción, desde hace varios años en los medios de comunicación se expone a dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño a campañas de difamación y hostigamiento sin igual. En este escenario, la presidenta electa democráticamente Dilma Rouseff fue destituida de su cargo en mayo de 2016 con justificaciones dudosas y se inició un cambio de rumbo político orientado a socavar y desarticular los grandes avances, reconocidos internacionalmente, de inclusión social y democracia alcanzados por los gobiernos dirigidos por el PT desde 2003. Después de que los programas sociales de la época del PT sacaron de la pobreza y de condiciones de vida precarias a millones de brasileñas y brasileños, vemos hoy con consternación un nuevo aumento del nivel de pobreza y de marginación social.
Nos preocupa profundamente como Alianza Progresista que se haya acusado de corrupción y condenado al ex presidente de Brasil y presidente honorario del Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inacio Lula da Silva, referencia internacional de progreso social y democracia, en un clima de condena anticipada perjudicial para un proceso justo e imparcial. Sus grandes méritos no lo colocan por encima de la ley, pero Lula tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a un proceso justo. También para él debe regir el principio de presunción de inocencia hasta agotar todos los medios legales garantizados por la constitución brasileña. Como Alianza Progresista compartimos en forma expresa la opinión de la Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de que el aval de dicha presunción también debe abarcar sus derechos políticos y civiles, incluso el derecho de presentarse como candidato del PT a las elecciones presidenciales del 7 de octubre.
La vulneración de estos derechos refuerza la impresión de que los procedimientos legales contra Lula no están libres de injerencias políticas indebidas y que son un instrumento para excluir de las próximas elecciones al candidato que, como muestran todas las encuestas, cuenta con el mayor apoyo en la población brasileña y las mejores posibilidades de victoria. Es evidente que hoy la mayoría de las brasileñas y los brasileños vinculan a Lula con la esperanza de que Brasil retome el camino de la justicia social y la democracia.
La Alianza Progresista condena enérgicamente todos los intentos de obstaculizar elecciones justas y libres en Brasil. Insiste además en que no se debe intentar tutelar al pueblo brasileño en la elección de su próximo presidente. Solo de esa manera se puede consolidar y profundizar la democracia el Brasil. Estamos convencidos de que tanto Lula como el Partido de los Trabajadores son imprescindibles para esa tarea.
