Montevideo
Insumo para la reunión de la Alianza Progresista en Montevideo,
26/27 Septiembre 2019
El trabajo del futuro no es determinado solo por la tecnología, sino por una combinación entre el cambio tecnológico, las viejas brechas estructurales en el mercado de trabajo, la matriz productiva de los países, su inserción internacional y, fundamentalmente, las decisiones políticas que se tomarán.
El sindicalismo internacional acostumbra a decir que el futuro del trabajo empieza ahora. Es necesario pensar en el trabajo del futuro abordando y resolviendo los problemas que enfrentan los trabajadores y trabajadoras hoy. Es presente no solo futuro, y parte de ese presente es también el continuo desmontaje de los derechos laborales.
El mercado laboral en América Latina es un mercado ya altamente polarizado. Está marcado por altas tasas de informalidad, desigualdades múltiples y una precariedad endémica. En el año 2018 la CEPAL y OIT constataron una expansión del trabajo por cuenta propia, así como una mayor informalidad del empleo asalariado.
La infraestructura digital está poco desarrollada en América Latina. El 44% de los hogares del continente tienen acceso a internet, con una fuerte heterogeneidad tanto entre los países como entre los diferentes estratos sociales.
Como precursor latinoamericano, Uruguay ocupa el puesto 42 de 176 en el índice de desarrollo de las TIC, pero en muchos indicadores la región se ubica muy por debajo de América del Norte, Europa y Asia. Es cierto que en los últimos años se han logrado avances que se deben a la expansión y modernización del acceso a internet, pero éstos están orientados sobre todo al consumo. En cambio, la ampliación del internet industrial y su uso con fines productivos se encuentran aún en su fase inicial.
El modelo económico actual de la mayoría de los países latinoamericanos apuesta principalmente a la exportación de materias primas y productos agropecuarios, y los polos industriales se concentren en pocos países. No sorprende entonces que el cambio tecnológico impacte fuertemente en el sector de servicios de la región, donde no reemplaza al trabajo humano (en 2018 sector con el mayor aumento de empleo según CEPAL/OIT), pero sí transforma el trabajo humano y en muchos casos lo precariza.
Construyendo alianzas desde una perspectiva progresista
Para no perder la oportunidad de influir en la configuración activa y progresista del trabajo del futuro, los actores progresistas de la región tienen que establecer el predominio interpretativo sobre la terminología de este cambio y transmitir su propia visión del futuro. El «relato» actual del futuro del trabajo es enteramente neoliberal, individualista y capitalista. El concepto de la economía colaborativa suele utilizarse para enmascarar el desequilibrio de poder entre el sector empleador y los trabajadores y trabajadoras, para incumplir obligaciones. Se trata entonces de contrarrestarlo mediante un discurso alternativo y la visión de una modernidad digitalizada, emancipadora, incluyente y sostenible.
Hay que buscar alianzas entre actores progresistas para construir una visión alternativa que vincula lo económico y social, que tiene su foco en la justicia social y ambiental, que hace política para la emancipación de las personas. Y cuando se trata de dar forma al futuro del trabajo un aliado clave serán les organizaciones que representan a quienes están viviendo estos cambios en carne propia, a los trabajadores y trabajadoras. Sin el movimiento sindical no será posible formular una respuesta progresista a los desafíos del trabajo del futuro.
Construyendo la Agenda Progresista
La precariedad es endémica, existe una multitud de formas de contratación laboral, (temporario, a tiempo parcial, tercerizado, cuenta-propistas, cero-horas). Formas de contratación laboral que muchas veces son pensadas para ocultar relaciones de dependencia o negar obligaciones de parte del sector empleador.
A estas mutaciones de la relación de trabajo se suma la tendencia al “managment” por algoritmo. Cada vez más empresas transforman sus procesos para parecerse más a lo que nosotros asociamos con el trabajo en plataformas. El control indirecto por internet o GPS, la estandarización de tareas y de los procesos de evaluación, la comunicación con la gerencia vía interfaces digitales, la necesidad de presentarse a una competencia por cada nuevo puesto o proyecto, la variación de demandas desde el sector empleador, la disponibilidad 24 horas por día y siete días por semana, las relaciones laborales formales, pero aún precarias son algunas de las características cada vez más frecuentes de esta tendencia. Entonces el desafío de la regulación del trabajo del futuro no es solo una cuestión de empleo en plataformas.
Para evitar la continua desintegración del mercado laboral con sus impactos sociales y políticos es una prioridad defender los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras – independiente de la forma de contratación. Una garantía laboral universal, tal como lo proponía la comisión sobre el futuro del trabajo de la OIT.
Es innegable que los datos y la inteligencia artificial son factores que ya influyen nuestras vidas y que no van a desparecer, por el contrario, su importancia va a crecer. Por eso no pueden ser un factor oscuro, desconocido. Tenemos que entenderlos y disputar la formar de usarlos. Y esto no solo en espacios cerrados, sino con amplia participación. Tenemos que avanzar en la agenda del “Digital Enlightenment” para asegurar que nuestras sociedades se empoderan para construir nuestro propio destino, para asegurar que el futuro digital será participativo y democrático.
Hoy en día los datos son un importante factor económico, tanto así que muchas veces es llamado “el nuevo petróleo”. Pero estos datos son también derechos personales, intelectuales, y en muchos casos intimidad de la vida de las personas. Por esto, no es solo un asunto económico que cada estado cuide el uso, tratamiento y comercio de los datos de sus ciudadanos y ciudadanas. La agenda actual de la OMC sobre el comercio electrónico no toma en cuenta estos asuntos de manera suficiente, además de amenazar el desarrollo de ciertos sectores tecnológicos en los países.
Urge adecuar los sistemas tributarios nacionales e internacionales a las nuevas formas empresariales. Como casi todo emprendimiento privado, aprovechan el uso de la infraestructura y los bienes públicos, por ello deberían contribuir a los ingresos de los estados donde se generan sus ganancias.
El nuevo mundo del trabajo exige nuevas calificaciones. Este desafío debe ser encarado conjuntamente por el Estado, el sector empresarial y los trabajadores y trabajadoras. Se necesita una educación pública y de calidad, una educación que sea concebida como una política para el desarrollo.
Asimismo, se debe profundizar en capacitación y perfeccionamiento para ofrecer nuevas opciones a quienes ya tengan un empleo. Los mercados de trabajo de América Latina se caracterizan por una alta fluctuación, bajos salarios y baja inversión en el perfeccionamiento de los conocimientos de trabajadores y trabajadoras. En la actualidad, solo un 10% de las personas que trabajan recibe capacitación en la empresa. Esto debe cambiar. También es una responsabilidad empresarial invertir en la formación de sus empleados y empleadas.
El conjunto de políticas públicas debe aprovechar el potencial transformador de las nuevas tecnologías para una economía progresista. Debe apoyar no la tecnología que reemplaza al trabajo humano, sino la que mejore las condiciones de trabajo, que genere riqueza para la mayoría, que apunte a lo verdaderamente colaborativo. Los ejes ambientales y de inclusión social deben articularse en torno a la incorporación, la adaptación y el desarrollo de innovaciones incrementales de las nuevas tecnologías.
Los índices de la región en educación, investigación, innovación y desarrollo son incompatibles con el objetivo de generación de empleos de mayor calidad y productividad. A pesar de ello hay espacio para que países de América Latina y el Caribe avancen rápidamente en esas áreas.
La región tiene por ejemplo capacidad para desarrollar tecnología propia en energías renovables, así como para el diseño y la producción de vehículos para el transporte de carga y pasajeros que utilicen ese tipo de energías. Algunos países han mostrado la viabilidad del cambio de la matriz energética, como ocurre en el sector eléctrico en Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay.
En el mismo sentido, hay un amplio espacio para desarrollar tecnologías relacionadas con el uso de los bienes naturales, donde también convergen los temas ambientales y de inclusión.
Se trata de avanzar hacia un nuevo patrón energético y productivo mediante un conjunto coordinado de inversiones, en que converjan las dimensiones de empleo, tecnología y ambiente.
Solo una alianza social y política de corte progresista, que trascienda los límites nacionales y dispute el sentido de la transformación tecnológica de forma democrática, hará posible que el trabajo del futuro sirva para avanzar en un continente con mayor justicia social y ambiental.
