Brasil
15 de noviembre de 2019
En consonancia con su resolución anterior de 2018 (“Detener la amenaza contra la democracia social en Brasil”), la Alianza Progresista expresa su profunda preocupación por los sucesos políticos en Brasil a partir de la elección de Jair Bolsonaro, político de la extrema derecha, como presidente del país.
La presidenta electa democráticamente Dilma Rouseff fue destituida de su cargo en mayo de 2016 con justificaciones dudosas. Dicha destitución marcó un quiebre de la normalidad democrática del país restablecida mediante la Constitución de 1988. Con esta destitución se puso fin a un período de transformaciones que promovieron la participación social en el proceso político y redujeron las desigualdades sociales y económicas. Carente de legitimidad, el posterior gobierno del ex vicepresidente Michel Temer aprobó diversas reformas que causaron un retroceso social y económico enorme.
La reciente publicación de mensajes de chat hackeados de la fiscalía y el juez competente puso de manifiesto la persecución penal contra el ex presidente Lula, quien fue condenado sin que se le haya podido demostrar ninguna culpa personal. La condena de Lula representa el punto más álgido hasta el momento de un ataque al estado de derecho y a la democracia brasileña, porque así se impidió la participación de Lula en las elecciones. Según las encuestas de opinión, se ubicaba muy por encima de sus contrincantes políticos. El escándalo de corrupción investigado por la unidad especial Lava Jato fue instrumentalizado con fines políticos, para impedir un nuevo gobierno dirigido por el Partido de los Trabajadores (PT).
En este contexto de violación de los principios democráticos y de divulgación masiva de noticias falsas y discursos de odio, fue elegido presidente el capitán retirado Jair Bolsonaro, representante de la extrema derecha y defensor de la dictadura militar. El discurso utilizado por el presidente legitima los actos de violencia de sus seguidores y fomenta el racismo estructural y todo tipo de prejuicios e intolerancia.
El nuevo gobierno ataca todas las instituciones de la democracia plural y moderna construidas durante los últimos treinta años. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile advirtió recientemente sobre una “reducción del espacio cívico y democrático” en Brasil, la existencia de un “discurso público que legitima las ejecuciones sumarias” y la persistencia de la impunidad existente.
La implementación de una política de austeridad estricta, una ola de privatizaciones indiscriminadas y la reforma del sistema de jubilaciones han profundizado la recesión económica y la pobreza, comprometiendo además la capacidad del estado de promover el desarrollo del país. Al igual que en otros países, vemos surgir el fracaso de los conceptos neoliberales.
La inminente nueva reforma de la legislación laboral también se orienta hacia ese concepto. Implica una reducción importante de los derechos y garantías de los trabajadores, así como la precarización del trabajo, apuntando claramente a debilitar a los sindicatos.
Brasil está experimentando la eliminación acelerada de las conquistas sociales de las últimas dos décadas, y también de los mecanismos de control institucionales. De esa forma, se desintegran los fundamentos democráticos del país y al mismo tiempo se acelera la destrucción de la Amazonia y de otros espacios naturales y sus pobladores.
