Ulán Bator
1. Configurar el futuro
Son los partidos socialdemócratas, socialistas y progresistas que deben emprender la lucha por el futuro, un futuro que empieza ahora. Se trata de una lucha por una transformación socioecológica que armoniza el derecho de todas las personas a una vida digna con los límites de nuestro planeta, poniendo el principal enfoque de nuevo en los objetivos comunes y no en los problemas individuales.
La gama de desafíos es inmensa: abarca desde la seguridad alimentaria, la inclusión social, el futuro del trabajo, la salud, la migración y la igualdad de género, los cambios de infraestructura, la protección del medio ambiente, de las marinas y del clima, pasando por la regulación de los mercados financieros y del comercio y las inversiones internacionales hasta la creación de instituciones nacionales y locales transparentes y eficientes, así como el establecimiento de estructuras de gobernanza y seguridad a nivel regional y global.
Es cierto que cada uno de estos temas es importante. Pero los socialistas y socialdemócratas en la Alianza Progresista tendrán que aunar sus fuerzas y concentrar sus esfuerzos en primer lugar en proyectos específicos en materia de democracia, justicia social y sostenibilidad. Con la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y su objetivo a largo plazo de alcanzar un cambio político encaminado hacia una transformación socioecológica la socialdemocracia obtuvo un claro marco de referencia global.
2. Democracia y justicia social
En las últimas seis décadas la importancia de la democracia como concepto político y sistema de gobierno aumentó significativamente en todo el mundo. Mongolia constituye un ejemplo inspirador de una transformación pacífica y sostenible hacia la democracia. A nivel global la democracia aún tiene un alto nivel de aceptación como norma para la forma de gobierno, pero no está para nada seguro que esta situación vaya a perdurar así. Hoy en día todo el mundo habla sobre la “crisis de la democracia” y esta discusión no está completamente infundada. Nuevos avances de la democracia fueron bloqueados en muchos países.
Este desarrollo es acompañado por una mayor incertidumbre social. Hay muchas causas de esta inseguridad: el miedo al descenso social y una fuerte sensación de injusticia, por ejemplo, en cuanto al compromiso inestable entre la democracia y el capitalismo. Muchas personas tienen la impresión de que las promesas de la sociedad moderna en materia de protección y seguridad, basadas en la esperanza de una mejora constante e infinita y un progresos social continuo, no se han cumplido.
La principal razón de que los temas sociales estén nuevamente en el enfoque de la discusión social en muchos países es que la desigualdad ha aumentado significativamente en muchas sociedades. Al mismo tiempo sólo el uno por ciento de la población mundial posee más que el otro 99 por ciento conjuntamente. Ya no se puede negar más que existe una tendencia hacia una mayor desigualdad y estructuras que la fomentan ni se pueden desmentir las consecuencias que esta tendencia conlleva.
La desigualdad dificulta la lucha contra la pobreza y a menudo impide la creación de instituciones neutrales que funcionen de forma eficiente. Debido a la desigualdad se consolidan las relaciones de poder en el ámbito social, se socavan la democracia y la estabilidad política y se intensifica la sensación de enajenación en el seno de la sociedad. Hoy ya son muchas las personas que consideran que esta inmensa desigualdad es inaceptable e injusta.
La acumulación del poder económico va de la mano con el ejercicio de influencia política. Esto se nota no solamente en la fuerte influencia ejercida por grupos de presión sobre el proceso legislativo sino también en las prácticas comerciales despiadadas desarrolladas por empresas multinacionales en muchos países en desarrollo. Lo mismo que pasa con el poder económico se nota en el ámbito de la política donde en muchos países continúa el elitismo y la participación ciudadana en los asuntos del Estado y la economía es meramente marginal. Por consiguiente, hay cada vez más personas que se ven excluidas del progreso social y que tienen la sensación de que las instituciones estatales y otros actores responsables ya ni las representan de forma adecuada ni toman en cuenta sus temores y necesidades o sus situaciones personales. Basados en nuestros valores y la crítica de esta acumulación elitista, y tomando en cuenta el aumento de la desconfianza de la gente, nuestros partidos y movimientos formulan planes innovadores y audaces de cara al futuro.
También notamos que en muchos países la discusión del tema de la justicia social es influida por una amplia crisis medioambiental como consecuencia del cambio climático, la contaminación de grandes partes de la biósfera, y la urbanización. Aquellos que más están afectados a menudo no son los principales culpables. Los países industrializados transfieren sus cada vez mayores costos medioambientales de su prosperidad a los países del Sur, por ejemplo, mediante el desguace barato de barcos en India y Bangladesh. Debido a la integración de un número de países en desarrollo en el comercio global en calidad de proveedores de materias primas existe una continua redistribución de la contaminación medioambiental provocada por la extracción y el procesamiento de recursos minerales en esos lugares.
En Mongolia, el cambio climático recientemente exacerbó un fenómeno meteorológico periódico que provoca veranos secos en un nivel desacostumbrado, seguido por períodos extremadamente fríos durante el invierno. Millones de cabezas de ganado mueren, miles de los pastores más vulnerables pierden sus medios de subsistencia y se ven forzados a migrar con sus familias hacia las áreas urbanas, lo cual provoca un aumento de las tensiones en el ámbito social y de las infraestructuras. El crecimiento rápido de las ciudades mongolas causa una grave contaminación del aire, poniendo en riesgo la salud de sus ciudadanos.
En diferentes regiones del mundo ya se ha demostrado que con acciones políticas se pueden acometer todos estos problemas, creando al mismo tiempo un mayor nivel de justicia social. Por lo tanto, el factor decisivo para la futura constitución del mundo será remediar las causas estructurales de este desarrollo.
3. Crecimiento inclusivo y sostenible
La globalización como tendencia general en las políticas nacionales e internacionales es el marco de referencia clave para las relaciones entre la economía, la política y la sociedad. Ya desde hace décadas los gobiernos, las instituciones globales y los foros internacionales han celebrado eufóricamente la globalización. Afirmaron que la innovación, la desregularización de los mercados financieros, el desencadenamiento de las fuerzas del mercado, las redes tecnológicas y un mejor intercambio de conocimientos no solamente marcarían el inicio de un nuevo crecimiento sino también conducirían a una nivelación de las diferencias en la economía global y reducirían la desigualdad. Durante mucho tiempo las cosas salieron bien para los defensores de este tipo de globalización. Además, las estrategias neoliberales también adquirieron un carácter de ortodoxia política y económica que confirió una mayor importancia a los procesos económicos. Esto significaba que otros objetivos –de índole social, ecológica y democrática– debían supeditarse a los procesos del mercado y la política de estabilidad y que un aumento de la desigualdad se debería aceptar como el precio por la libertad en los tiempos de la globalización.
Pero este consenso silencioso se ha roto en sus fundamentos. Ahora que las consecuencias y los beneficios unilaterales provocados por este modelo económico salieron a la luz, el atractivo de este modelo empezó a desvanecerse igual que la confianza en su capacidad de brindar prosperidad para más personas que simplemente ese “uno por ciento”. Está quedando claro que nunca hubo una perspectiva de crecimiento coherente para la mayoría de los países en desarrollo. Para su gran mayoría, la integración en el mercado mundial significó en primer lugar un mejor acceso a recursos y mano de obra por parte de los países industrializados establecidos y un número de grandes economías emergentes.
Los efectos de la crisis también se notan en los mercados globales de trabajo: Alrededor del mundo el número de desempleados aumentó hasta 197 millones (2015) lo cual es una cifra de 27 millones más que antes de la crisis financiera de 2008. En el mundo, un 45 por ciento de la gente joven con plena capacidad de trabajar está en desempleo o vive en pobreza a pesar de tener un trabajo. Teniendo en cuenta las últimas tendencias demográficas, hasta el año 2030 se necesitarán alrededor de 420 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo.
Apoyar la lucha por trabajo digno en todo el mundo es una de las tareas clave de los partidos democráticos, progresistas y socialdemócratas. Con respecto a la calidad de las condiciones laborales, el trabajo digno es poco más que un sueño para muchas personas, y no solamente para los 21 millones de personas sometidas a trabajo forzado. Se considera que aproximadamente 830 millones de personas pertenecen a la categoría de los “trabajadores pobres” que tienen que vivir con menos de dos dólares estadounidenses por día. Las mujeres reciben un salario peor, tienen menos seguridad y aún realizan la mayor parte del trabajo familiar no remunerado. Sobre todo en los países en desarrollo un alto porcentaje de la población trabaja en la llamada “economía informal” donde la productividad es baja, las condiciones laborales precarias predominan, se pagan sueldos injustos y un seguro social falta completamente. Sólo una cuarta parte de la población mundial tiene algún tipo de seguro social.
Los partidos democráticos y progresistas deben mantener los proyectos de un “trabajo digno en todo el mundo” y continuar planteándose este objetivo en sus futuras agendas. La clase trabajadora necesita los siguiente:
Trabajo sostenible: Trabajo sostenible significa que una persona es capaz de realizar actividades razonables y seguras como parte de un proceso sostenible de creación de valor en la economía y la sociedad pudiendo ganar lo suficiente para permitirse una vida digna y justa. Por consiguiente, los elementos clave de una estrategia de empleo son: la definición de los objetivos de empleo y trabajo, un entorno macroeconómico estable, crecimiento en sectores sostenibles que creen puestos de trabajo, campañas de educación, formación y cualificación para facilitar la transformación y la digitalización del mundo de trabajo, nuevos marcos regulatorios para aquellos que trabajen en empleos informales, mejor acceso a créditos para las pequeñas y medianas empresas, así como un enfoque prioritario en las áreas donde predominen condiciones de vida y trabajo precarias (p.ej., en la agricultura).
Derechos: El trabajo digno está basado en derechos fundamentales. La libertad de asociación, libre negociación colectiva y el derecho a concluir convenios colectivos, así como la eliminación de trabajo forzado y trabajo infantil, la prohibición de discriminación en el trabajo y la obligación de pagar salarios iguales por trabajo igual. Es fundamental asegurar los derechos humanos en todo el mundo y a todos los niveles, garantizar una política de salarios mínimos, implementar salarios dignos y protección social para todas las personas con el fin de que puedan enfrentarse mejor a cualquier crisis económica o dificultades personales.
Participación: Es esencial fortalecer en los próximos años la democracia y la participación en los puestos de trabajo. La forma más directa es introducir alguna forma de economía solidaria, empresas autogestionadas y cooperativa de producción. En otros tipos de empresas se deberá ampliar la participación en la gestión y también en cuestiones de la organización del trabajo, incluida la soberanía de disponer de su propio tiempo. Para alcanzar un avance, en muchos casos se necesitarán sindicatos fuertes y libres. Necesitamos un nuevo concepto de solidaridad que ya no esté basado en la ubicación geográfica y comunidades homogéneas sino que configure las muchas manifestaciones heterogéneas del trabajo a lo largo de las cadenas de creación de valor y las redes de migración.
Si queremos alcanzar un desarrollo económico más sostenible, reforzar la confianza en la política y dentro de las sociedades, reducir la desigualdad y aprovechar los procesos económicos para satisfacer las necesidades de la gente, será imprescindible que el control de los mercados financieros internacionales, la política fiscal y un sistema tributario eficiente figuren como prioridad en la agenda política.
La restricción y reestructuración de los mercados financieros incluye: regular las operaciones bancarias en la sombrar para prevenir que ciertos campos comerciales sean empujados hacia sectores no regulados, acabar con las garantías estatales, establecer un sistema bancario separado, prohibir operaciones de riesgo y la especulación con mercancías agrícolas, combustible y energía, regular el comercio de alta frecuencia, reformar los modelos comerciales de las agencias de clasificación crediticia y ampliar masivamente los instrumentos de supervisión. También deberá quedar absolutamente claro que cualquier persona o entidad que esté involucrada en el lavado de dinero o ayude en la evasión de impuestos se enfrentará a consecuencias legales de acuerdo con el derecho penal. Se deberán establecer requisitos más adecuados y rigurosos en cuanto al capital propio, sobre todo para todas las instituciones financieras que puedan causar problemas para economías nacionales enteras en tiempos de crisis. Otra medida que necesariamente habrá que implementar por fin es el impuesto sobre las transacciones financieras lo cual es un tema que había sido ya acordado varias veces.
La política fiscal como medio de configuración y sistemas de tributación eficientes son un aspecto fundamental para una transformación exitosa de diferentes maneras: primero, pueden movilizar los recursos financieros necesarios, y segundo, el sistema tributario nos ayuda a alcanzar una distribución más justa de los ingresos y el patrimonio dentro de nuestras sociedades. Los impuestos se pueden usar para promover proyectos políticamente deseables, para encarecer actividades no deseables y para influir sobre las decisiones tomadas con respecto al consumo y la producción. Finalmente podríamos reconfigurar los sistemas de tributación para permitir un mayor control democrático y una aplicación más estricta del Estado de derecho. Al fin y al cabo, los contribuyentes tienen el derecho de exigir que los gobiernos rindan cuentas del dinero puesto a su disposición. Es por ello que la creación de sistemas tributarios nacionales y el apoyo mutuo en estas actividades son tan importantes, especialmente en los países en desarrollo. Pero la tarea no termina allí: tenemos que continuar mejorando la cooperación internacional en el ámbito fiscal. Después de todo, las actividades comerciales y económicas ya se están desplegando a nivel internacional desde hace tiempo. Como socialdemócratas y socialistas estamos comprometidos con: terminar con la carrera ruinosa por ofrecer las tasas impositivas más bajas mediante una mayor transparencia de los incentivos ofrecidos a grupos multinacionales y la prohibición de prácticas tributarias perjudiciales; introducir umbrales mínimos eficientes para el impuesto sobre sociedades y una tributación global consolidada para grupos multinacionales, así como asegurar que los mismos sean aceptados internacionalmente por períodos a largo plazo; obligar a las empresas a revelar datos específicos de cada país como parte de sus prácticas de presentación de informes de manera que cualquier persona pueda entender cómo y dónde las empresas pagan sus impuestos; bloquear sistemáticamente los paraísos fiscales, por ejemplo, mediante el cierre de lagunas en los procedimientos criminales, sobre todo con respecto a los bancos, e impedir la participación de paraísos fiscales en el sistema financiero internacional. En todos estos esfuerzos es importante incluir a los países del Sur global.
4. Perspectivas futuras
En el capitalismo global de hoy los antiguos problemas simplemente volvieron a aparecer con nueva presentación. Entonces como ahora, se trata de establecer reglas sociales para los mercados para terminar una explotación despiadada y brutal. También se trata de asegurar y defender la sustancia democrática de nuestras sociedades.
No estamos cuestionando los logros obtenidos debido a la globalización. Pero estos logros no muestran la situación completa. Si el precio de los logros de un capitalismo globalizado es abandonar las normas de la civilización que protegen nuestro entorno natural y social de los excesos de una explotación económica, entonces ese precio es demasiado alto.
Siempre hubo personas que intentaban convencer a las fuerzas progresistas y socialdemócratas de que no se pueda cambiar el orden existente. Pero nunca hemos permitido que nos quiten nuestro sentido de la justicia. A pesar de todo, siempre hemos luchado por una convivencia justa y social. En tiempos de incertidumbre en el pasado siempre se podía confiar en las fuerzas políticas progresistas, no solamente para convencer a la gente acerca de un futuro mejor sino para hacerlo realidad. Tenemos que apoyarnos en esta fortaleza nuevamente si queremos brindar soluciones para las tareas que nos esperan. La globalización no es simplemente un destino al que nos tenemos que resignar. Podemos configurar las interacciones de la política, la economía y la sociedad para que sirvan a los intereses de las personas si contamos con un movimiento poderoso que respalda esta transformación.
